Jorge Fernández Menéndez // Razones
El reportaje de ayer del New York Times sacó al presidente López Obrador de sus casillas y llegó al extremo de difundir hasta el teléfono privado de la corresponsal de ese medio en México. La molestia puede estar justificada, el proceder, no. Pero, más allá de eso, se debería tratar de comprender qué es lo que está detrás de esas publicaciones.
El matutino estadunidense, calificado por el Presidente como “un pasquín”, publicó información que sólo puede surgir de fuentes de seguridad del gobierno estadunidense. Dice que se investigaron los nexos entre cárteles y personajes cercanos al candidato y luego presidente López Obrador, que los cárteles dieron dinero a los aliados del mandatario, incluso ya en su administración, y que funcionarios del gobierno se reunieron con líderes del crimen organizado para llegar a acuerdos. Una de sus fuentes sostuvo que los cárteles de la droga tenían videos de los hijos del Presidente recibiendo dinero de grupos criminales. Dice el NYT que hay datos sobre relaciones y reuniones con El Mayo Zambada y otros personajes y hasta se dice que Los Zetas aportaron dos millones de dólares a la campaña de 2018 con el fin de que se liberara a dos de los líderes de esa organización que estaban detenidos.
Dicen que parte de los datos provienen de informantes cuyas declaraciones son “difíciles de corroborar” y que los investigadores estadunidenses no descubrieron indicios que relacione directamente al presidente López Obrador con los grupos criminales. Subraya que nunca se terminó de abrir una investigación formal sobre el tema y que la información finalmente fue desechada por el gobierno estadunidense porque no querían un conflicto político con el gobierno mexicano.
Ya lo dijimos cuando surgió el tema del presunto financiamiento de la campaña de 2006, que es retomado en este nuevo reportaje del NYT: el problema es que el propio gobierno federal da crédito, cuando le conviene, a testimonios y versiones de distintos personajes, incluyendo criminales reconvertidos en testigos protegidos o colaboradores de la justicia de Estados Unidos, pero los rechaza cuando las acusaciones se tornan en su contra. Lamentablemente, si esos testimonios son buenos para acusar, por ejemplo, a García Luna, también son buenos cuando acusan a la campaña de López Obrador. Si son los mismos personajes y sus declaraciones están dentro de los mismos contextos, ¿por qué serían buenas en un caso y no en el otro?
El dato duro en todo esto es que la relación entre México y Estados Unidos, sea con Biden o con Trump, está seriamente deteriorada y que la estrategia de abrazos y no balazos no sólo está dañando seriamente la lucha contra el crimen organizado, sino también, finalmente, la imagen del presidente López Obrador. Liberar a Ovidio, detener una caravana presidencial para ir a saludar a la mamá del Chapo, referirse respetuosamente a los criminales, no ordenar una batalla frontal contra el crimen organizado, la crisis migratoria, el tráfico de fentanilo con su secuela de muertos por sobredosis, decisiones políticas, como profundizar la relación con la Rusia de Putin, no condenar la invasión a Ucrania (apenas el martes, en la OEA, México se abstuvo de condenar la invasión rusa a dos años de su inicio), no haber hecho declaración alguna sobre la muerte de Alexéi Navalni, defender (todavía lo hacía el Presidente ayer en la mañanera) los regímenes de Cuba y de Venezuela, los conflictos económicos y comerciales por violaciones al T-MEC, desde los temas energéticos hasta los agrícolas, desde el acero hasta las comunicaciones, son apenas una parte de la larga lista de desencuentros, y no se puede entender por qué el presidente López Obrador cree que los va a sobrepasar sin pagar costo alguno.
Contra el presidente López Obrador se ha vuelto el fantasma que él mismo alimentó contra sus antecesores: el de la percepción de corrupción, complicidades e historias oscuras. El gobierno federal, decíamos en estos días, hace ya mucho tiempo que rompió su interlocución con varios actores, y muchas de las declaraciones presidenciales realizadas sin considerar el peso que alimentan esas sospechas y percepciones.
No se trata sólo de acusaciones de presuntas relaciones con el crimen organizado, hayan trascendido o no, se trata de que se pierde la confianza y no se entiende que existe una trama geopolítica ante la que el presidente López Obrador (que sigue pensando en términos de la Guerra Fría y de la posición internacional de México en los años 50 y 60) no tiene respuesta.
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